El Estado no debe de bajar la guardia con el tema del COVID-19, con independencia de que aun se siga ejecutando el plan de vacunación. Para un regreso seguro a clases, tanto para los estudiantes como para el personal educativo, es importante que se creen y ejecuten planes de acción para que los alumnos y docentes se desenvuelvan en un entorno seguro y sano, para ello es fundamental que se prevea el presupuesto necesario destinado a dotar a los centros escolares de todas las herramientas tendientes a mitigar posibles contagios. Además, es importante que el Estado, y claramente las autoridades educativas, sean flexibles de acuerdo a las particularidades de cada uno de los trabajadores de la educación, pues no pasa desapercibido que hay un gran numero de docentes que se encuentran en estado de vulnerabilidad, ya sea por su edad o por condiciones de salud que los hace propensos a contraer la enfermedad, viéndose en la necesidad de continuar en resguardo domiciliario y teniendo que ejercer sus actividades laborales desde su hogar. De ahí que también surge la necesidad de que se creen programas estratégicos y de apoyo económico o en especie, accesibles y sustentables, para que el personal docente en especial situación de vulnerabilidad pueda ejercer sus labores a distancia, encontrando un punto de equilibrio en los que el docente no vea perjudicados sus derechos laborales ni los estudiantes su derecho a la educación. Así mismo, no pasa inadvertido que la pandemia ha tenido severas consecuencias en el estado económico de las personas, así como en su salud física y emocional; por ello, estimo importante que el personal de la educación obtenga la ayuda necesaria para poder afrontar y superar las repercusiones que ha tenido esta alarmante situación en sus vidas: aumentar la calidad en la prestación de servicios de salud y ayuda psicológica se encuentran entre las prioridades.
