Espacios educativos ¿“Inclusivos”?

Un error frecuente es utilizar como sinónimo las palabras “inclusivo” e “incluyente”, comprensible si se les considera por algunas personas como términos de “moda”. La diferencia se ejemplifica de manera por demás sencilla.

Malu Valencia, cita que: “La inclusividad se presenta como un derecho de todas las personas… que pretende pensar las diferencias en términos de normalidad.”  Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha establecido que “la inclusión se basa en el principio de que cada persona tiene características, intereses, capacidades y necesidades distintas”.

Por tanto podemos establecer que la inclusividad invita a que las diferencias que posee una persona con discapacidad no sean tales que les excluyan de quienes no las tienen. Asimismo, la inclusión parte del principio de que, pese a esas diferencias, las personas con discapacidad pueden acceder con la misma facilidad, y en la mayor medida posible, a todo espacio en la sociedad.

Ahora bien, la educación inclusiva se ha definido “como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos los niño/as del rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema educar a todos los niño/as”

En este contexto, la UNESCO reconoce que la “educación inclusiva” es un derecho de todas las personas y en todas las etapas educativas, tendente a “eliminar las barreras de distinto tipo que limitan la presencia, el aprendizaje y la participación del alumnado en la vida escolar de los centros donde son escolarizados, con particular atención a aquellos más vulnerables.”

Así las cosas, una verdadera educación incluyente debe tutelar los derechos de todas las personas involucradas en el proceso educativo, que es provista por el personal docente, alumnado, personal administrativo, etcétera. Porque el eje rector de la palabra incluyente, en efecto refiere a que toda persona sea tomada en cuenta y que ninguna quede fuera.

Asimismo, los Derechos Humanos, refieren que la educación sea un “derecho universal”, en la que se forme a personas con valores éticos, respetuosos y promotores de los derechos humanos, que cumplan con sus responsabilidades y coadyuven positivamente a que la sociedad incentive y practique una cultura de armonía y paz. Es decir, una educación que genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para si mismos y al país.

La educación incluyente debe cumplir con el criterio de ser universal y que dicha universalidad tome como punto de partida a un sistema educativo preparado para cubrir las necesidades de todo el alumnado con una variedad personas, que se cuente con diferentes métodos de evaluación, de aprendizaje y retención, donde quede manifiesto que toda persona gozará sin distinción alguna del Derecho Humano a recibir educación y que le sea provista conforme a los más altos estándares de calidad existentes.

Lamentablemente, la educación pública pierde escaños ante el respeto que le profería la sociedad como la principal formadora de líderes. Sin embargo, históricamente sigue permeando un enfoque de que la mal llamada “educación de calidad” (porque toda educación debe ser de calidad) continúa privilegiando a estudiantes provenientes de entornos educativos privados, de los cuáles egresan perfiles que con mayor facilidad participan en el sector político y gubernamental mexicano, dejando relegados a valiosos cuadros que provienen de sectores educativos públicos. En un ejemplo tan evidente como este, en el cual no se ponderan condiciones de discapacidad por salud, sino meramente económicas, podemos observar que los estándares y niveles educativos públicos y privados, incentivan una desleal competencia en todo el sector educativo del País, dando como resultado que esta “competencia” siga dañando tanto a los educandos como al País per se y fomentando una nada sana discriminación. Si bien, las personas en condición de discapacidad no necesariamente aducen esta condición a entornos económicos desfavorables, no es menos cierto, que las personas con discapacidad enfrentan mayores obstáculos y deficiencias al tener que acceder a entornos educativos desfavorecidos que no les proporcionan igualdad sustantiva por cuanto hace a su Derecho Humano a la Educación, lo cual ligado a condiciones de discapacidad, un disminuido estado de salud y una lacerante condición de pobreza a menudo, les condena a aceptar esa cruda realidad.

Los razonamientos vertidos no refieren única y exclusivamente a las y los estudiantes, empero, sean ellas y ellos la prioridad de todo sistema educativo. La falta de cimientos fuertes debilita toda la estructura, por tal motivo, es pertinente hacer la siguiente reflexión: ¿quienes nos dedicamos a la docencia, conocemos y estamos capacitados respecto de las carencias, dificultades, métodos de aplicación y protocolos para personas en condición de discapacidad? ¿Siquiera, sabemos cómo llamarles sin que ello sea excluyente, discriminatorio u ofensivo? Duele reconocer que a título personal, no. Yo no conozco muchas de las respuestas a las cuestionantes planteadas y aduzco no haber sido efectivamente capacitado en ello. Únicamente me limito a saber que existen, que co-existen en las aulas y que deben respetárseles sus derechos como a cualquier persona, así como exigírseles resultados sin consideraciones “especiales” que les coloquen en una situación de ventaja frente a sus compañeras y compañeros. Pero no pasa desapercibido que todas las personas en condición de discapacidad deben tener acceso a insumos especializados de conformidad con avances científicos asequibles y adecuados, que tiendan a igualar su derecho humano de acceso universal a la educación que les proporciones condiciones equiparables a una persona que no tenga dichas limitantes.

De las personas a cargo de impartir educación, ¿existen condiciones en las que las y los facilitadores de conocimientos cuenten con insumos suficientes para ejercer sus labores de manera eficiente, digna e incluyente? En la que sus salarios, conforme su grado de especialización, además de las áreas de dominio de los conocimientos a impartir, también se especialicen en protocolos de atención para personas en condiciones de discapacidad. La Ley Federal del Trabajo y muchos Tratados Internacionales establecen que todo trabajo debe ser justamente remunerado, no obstante pienso que el personal docente que incluya y provea a una persona con discapacidad a los más altos estándares educativos, sin que esa persona se sienta o sea relegada por su condición, debería ser retribuida económicamente con una percepción mayor, además de la imperiosa necesidad de que las y los docentes que tengan alguna condición de discapacidad, impartan clases con una visión más amplia que la de un sistema tradicional, lo cual, se traduciría en sensibilidad y empatía.

En México, pese a los grandes esfuerzos que día a día se hacen por la inclusión de niñas, niños y jóvenes con discapacidad, se considera que estamos lejos de alcanzarla, no solo hablemos de los educandos del esquema tradicional, sino del derecho que tienen las personas adultas cursantes de sus estudios de grado o posgrado, además de hacer evidente la falta de infraestructura, capacitación docente y del resto del personal que labora en las instituciones educativas en México. Asimismo, las políticas públicas y acciones afirmativas para personas en condición de discapacidad son caras, sea para instituciones públicas o privadas, en virtud de que muchas de las personas o infantes en esta condición requieren de una infraestructura especializada que parte desde el apoyo humano, como cuidadores, interpretes, así como los insumos científico-tecnológicos que se tengan al alcance. Tampoco se soslaya que hay diversas discapacidades y que todas ellas requieran de apoyos especializados, empero, debemos tomar en cuenta y en todo momento que el acceso a una educación de calidad es un derecho humano universal.

Testimonio y opinión de la Lic. Dulce Belem Pérez Zavala.

La importancia y trascendencia de una educación incluyente, universal y con los más altos estándares de calidad, específicamente para personas en condición de discapacidad, es el parteaguas entre el acceso a una vida digna en la que se respeten y se hagan valer todos los derechos humanos de las personas, en comparación con una falta de educación incluyente en la que se violenta, se invisibiliza y a menudo se relega a estas personas. La educación es la base, vida y principal nutriente de la sociedad. Por lo que carecer de estándares, financiamiento, políticas públicas, acciones afirmativas, protocolos e insumos necesarios para los educandos de México que padecen alguna discapacidad, puede traducirse en los hechos reales que nos narra a continuación la Lic. Dulce Belem Pérez Zavala.

Hoy en 2021 pareciera que hablar de inclusión, género y discapacidad refiere a temas de campañas políticas y de moda, y déjeme decirle que sí, efectivamente podría decirse que está de moda, y no porque realmente haya intensión de poner estos temas como prioritarios, sino porque ahora somos más las actrices y los actores que ponemos mayor énfasis en la atención de los grupos que históricamente hemos sido invisibilizados, relegados, obstaculizados, estereotipados y muchas veces discriminados y violentados, parecen insuficientes las acciones que hemos impulsado en materia legal, educativa, social, laboral, electoral, y así podríamos citar una larga lista de temas que están pendientes dentro de los derechos de las personas a las que se nos ha discriminado, segregado o simplemente no se nos ha garantizado el ejercicio de todos estos derechos de manera plena e independiente.

Porque digo “hemos” permítame decirle que soy una mujer joven con discapacidad motriz, usuaria de silla de ruedas desde que tengo seis años de edad, debido a una enfermedad congénita que padezco de nacimiento llamada Osteogenesis Imperfecta mejor conocida como “huesos de cristal” situación que me ha ocasionado un aproximado de 50 fracturas a lo largo de mi vida, pero el punto es que “cada quien se hace activista con su causa” y cuando apenas cumplía 17 años me di cuenta de la vida real en la que: “Las mujeres jóvenes con discapacidad vivimos” aún no se usaban los términos como “Perspectiva de género” o “Interseccionalidad”. La discriminación siempre ha existido, pero no con todas sus letras; hoy a más de 10 años de que abrí a los ojos al mundo de las personas sin discapacidad o “normales” como me lo hicieron saber muchos individuos, comprendo que el simple hecho de ser mujer es una causal de distinción, ser joven es otra causa de que te encasillen a falta de experiencia, capacidad, compromiso, etc. para realizar cualquier tarea, pero lo más complejo tener discapacidad “¡Uf…! Olvídenlo” entonces recuerdo cuando yo pedía trabajo al finalizar la preparatoria me decían en los negocios, empresas y así en muchos lugares donde habían vacantes que: “necesitaban personas bien” “que sus establecimientos no estaban adaptados” “que sería muy difícil me acomodará” y así muchas excusas, sin importar que cumpliera con los requisitos que ellos mismos ponían en las vacantes, entonces fue hasta que me dijeron que se necesitaba a “alguien normal” dicho por el propietario de una isla de recargas telefónicas, quien me dijo: “necesito a alguien bien pues” y yo me pregunté ¿cómo era ese alguien “bien pues”? y la persona que me atendió señaló mis piernas  silla y me dijo: “alguien normal, sin silla de ruedas, pues”; fue cuando comprendí que la silla de ruedas y la discapacidad son limitantes para quienes tenemos esta condición en la que se nos impide la participación en muchos espacios. Jamás fui educada de forma incluyente, la sociedad con la que convivo, evidentemente tampoco lo fue.

Así que decidí ser comerciante por mi cuenta, es donde les invito a que si en la vía pública ven a personas con discapacidad vendiendo “lo que sea” o simplemente pidiendo un apoyo, es porque el Estado no ha generado acciones reales de, educación incluyente, ni de inclusión laboral.

Soy testigo de masivas campañas de conciencia para todo tipo de empresa, de las “socialmente responsables”, de las que “obtienen estímulos fiscales por contratar personas con condiciones de discapacidad”, desde la “tiendita” hasta grandes cadenas comerciales, y es allí, justo allí, donde no existe el acceso a un trabajo justa y equitativamente remunerado, un trabajo en donde las personas con discapacidad tengan oportunidades de alta dirección, donde quizá venga a su mente esos supermercados enormes y haya reflexionado: “Sí, hay personas trabajando y tienen discapacidad, están de empacadores, o acomodando mercancías”. Es justo allí donde la brecha de desigualdad nos invade, excluye y lástima, porque si bien en algunas empresas estas vacantes son ocupadas por alguien con discapacidad, difícilmente se nos verá en puestos de toma de decisión, en gerencias o por lo menos en puestos de naturaleza administrativa. Ahí se los dejo de tarea, que cuando acudan a un centro comercial o estos supermercados, por favor pregúntese: ¿Cuántas personas con discapacidad hay trabajando? ¿Cuál es su actividad o puesto? ¿Qué edad tienen? Porque, así como el ser joven es limitante, ser persona de la tercera edad con discapacidad es exactamente lo mismo como lo ya narrado.

Entendamos que la discapacidad es una condición que todas y todos padeceremos en algún momento de nuestra vida, algunas personas desde su nacimiento, otras en su desarrollo, la mayoría cuando seamos adultas mayores,  no importa, tenemos la obligación de comenzar a ser personas mucho más empáticas, solidarias, generosas, conscientes de que la discapacidad tiene muchas formas, en las que invariablemente, todas y todos, en mayor o menor medida, disminuiremos nuestras capacidades y perderemos independencia, lo que nos llevará a depender de terceras personas que habrán de velar por nuestra dignidad, sin que ello les represente una carga o nos coloque dentro de este un grupo históricamente discriminado e invisibilizado.

Por tanto, se reitera que una educación inclusiva es por demás urgente en su implementación, porque formará personas sensibles a las necesidades de sus iguales (pese a que no lo sean) y les ayudará a proteger a quienes eventualmente vamos a depender de un tercero para llevar nuestras existencias con dignidad hasta el final de nuestros días.