La pandemia Mundial del Covid-19 fue un duro golpe para todo el mundo y México no fue la excepción, paralizando diferentes sectores como el económico, turístico, industrial, burocrático y el educativo. Todo el país tuvo que adaptarse a las medidas sanitarias para realizar las actividades que se realizaban en la normalidad.
La lucha de los maestros en Baja California sigue en pie y desde el pasado veintiocho de octubre están en plantón frente al Palacio de Gobierno exigiendo que se subsanen todas y cada una de las prestaciones pendientes que se tienen con el magisterio, como son el pago a interinos, plan de beneficios, el pago póstumo, el servicio de ISSSTECALI y que desde pasadas administraciones son asignatura pendiente.
Ya señalamos en los artículos previos, cómo se fue modificando el esquema de contratación del personal que labora dentro del sistema educativo nacional. La descentralización de 1992 generó la corresponsabilidad de las autoridades educativas federales y locales…
En el entorno social actual, las redes sociales se han convertido en parte de nuestra rutina diaria, como hemos señalado en otros artículos, debido a la pandemia y las clases a distancia por videoconferencia, facilitan el acceso al uso de las redes sociales.
Abordaré el debate propuesto desde tres aristas. La educación, el trabajo decente y la perspectiva (al parecer irreconciliable) entre prestadores de servicios educativos privados y los educandos.
Un país -cualquiera que sea el nombre y la geografía- con una visión, ruta y planeación en sus políticas públicas con sendo compromiso en el pleno y efectivo respeto y cumplimiento de toda clase de Derechos Humanos consagrados en su normativa interna (y derivada de ella en la convencional) no puede bajo ninguna circunstancia hacer distingos de ninguna clase que configuren conductas discriminatorias.
Como ejemplos, mencionaremos dos supuestos. El primero sectorizar el derecho a la salud, sin mayor fundamento científico que la “apariencia de la buena salud” para restringir o condicionar el suministro del biológico contra el letal virus SARS-CoV2 a población menor de edad de entre 5 y 17 años, generando con ello una grave lesión a un derecho humano como es el de la salud y por consecuencia la vida, dejando en posibilidad de un daño de difícil o imposible reparación al grupo etario en comento. Más aún cuando a contrario sensu exista evidencia a favor que sustente la viabilidad e idoneidad de inocular a la población referida, garantizando con esta medida no solo su derecho integral a la salud, sino además derivado de la interdependencia de derechos, garantizar y proteger en efecto dominó otros más como los son, al libre esparcimiento, a la educación y desde luego al interés superior de la infancia.
Ahora bien, en la otra hipótesis, resulta inconcebible que un Estado que se presuma garantista de derechos y en concordancia con la lectura pro persona vigente en el contexto contemporáneo desde hace más de una década, genere una nueva sectorización vendida a modo de excepción y con mote de prioritaria, al “adoptar” una vacuna “especial” -más no necesariamente especializada- para un grupo poblacional especifico como lo es el perteneciente al personal educativo (maestras, maestros, personal administrativo y de apoyo que laboran en escuelas públicas y privadas, de todos los niveles educativos, desde educación inicial hasta el nivel superior), y que sin mayores miramientos se le haya aplicado la vacuna Covidencia (Ad5–nCoV), desarrollada por CanSino Biologics Inc y el Instituto de Biotecnología de Beijing. Cuando aún no se deliberaban resultados favorables en instancias internacionales como la Organización Mundial de la Salud, ni por revistas especializadas. Esta realidad dejó en el desamparo a uno de los sectores más estratégicos de cualquier país, al magisterio, que para el 22 de mayo de 2021 eran 2 millones 564 mil 406 trabajadoras y trabajadores de la educación que laboran en centros educativos públicos y privados de todos los niveles educativos que habían recibido la vacuna CANSINO, de ellos 73,406 son de Baja California.
No olvidemos que en nuestro país se reconoce el derecho humano que toda persona tiene a la protección de la salud y establece que, en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables; pero sobre todo establece, que todas las vacunas e insumos para su aplicación en seres humanos que se utilicen en el país, deberán ser de la mayor calidad disponible y cumplir con los requisitos sanitarios necesarios establecidos en dicho ordenamiento y en las demás disposiciones jurídicas aplicables; que el Estado mexicano debe procurar el abasto y la distribución oportuna y gratuita, así como la disponibilidad de los insumos necesarios para las acciones de vacunación, además de que garantice a la población mexicana vacunas con un perfil correcto de seguridad y eficacia.
Así las cosas, ante la ligereza, irresponsabilidad, frivolidad o desinterés por parte de la autoridades correspondientes por generar una política de salud integral y seria, que no haga distinciones, entre ciudadanos de primera, de segunda o de tercera, a los que se le deje a la suerte el garantizarles el derecho a la salud, dependiendo del tipo de biológico que les otorgue un grado de inmunidad más amplia para contrarrestar la enfermedad por covid-19, creemos que es el momento para que asuman su responsabilidad y enderecen la estrategia planteada, aun es tiempo de resarcir en la medida de lo posible los daños ocasionados. Solo resta ver la disposición. Al tiempo.
Ex Directora de la Casa de la Cultura Jurídica de la SCJN en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se desempeñó como enlace administrativo de la coordinación de maestrías en el IIJ-UNAM.
