María Guadalupe Jones

Guadalupe Jones

Me sumo a los maestros y maestras negándome a que la nómina sea federalizada. La autonomía que la Constitución General le otorga al Estado de Baja California debe ser respetada, siendo insostenible que por medio de una ley general se pretenda retirar un elemento fundamental de la relación laboral, como lo es el salario, sin que sean las autoridades federales las responsables directas de la misma. 

Son excesivos los efectos y consecuencias derivados de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, que en su artículo 107 se pretenda que la federación administre de forma total el presupuesto destinado al pago de la nómina educativa arrebatándole soberanía estatal a Baja California, situación que atentan rotundamente contra la Constitución Mexicana y, consecuentemente, generando afectaciones en los derechos laborales y de seguridad social del sector magisterial.

Será mi labor el hacer que esta autonomía se respete y con ello los derechos de los trabajadores de la educación, que estos no sean alterados, restringidos y/o eliminados. Y en caso de que se insista en la federalización de la nómina educativa, buscaremos que, junto con el salario, cada prestación económica, bonos, estímulos e incentivos, sean garantizadas y presupuestadas.

No debemos olvidar que en su momento, los diputados de la actual legislatura, especialmente los pertenecientes al partido de Morena, tuvieron la oportunidad de legislar y dar la certeza jurídica a todas las maestras y los maestros del Estado con la creación y emisión de la nueva Ley de Educación de Baja California; lamentablemente, el contenido de esta ley, especialmente el artículo 79, fue totalmente obscuro en un intento de legislar sobre el traslado de la nómina educativa del Estado a la Federación, considerándose inapropiado que no se haya tomado en cuenta que la obligación de armonizar las normas locales con las federales tuvo que llevarse a cabo en ese momento. 

Es importante que esta parte se subsane y se aclare para poder brindar seguridad al magisterio sobre la percepción de su salario y prestaciones.