El Magisterio siempre va de la mano de la justicia

La justicia no espera ningún premio. Se la acepta por ella misma. Y de igual manera son todas las virtudes”. 

– Cicerón

Miles de maestros jubilados fueron afectados por las decisiones del Gobernador del Estado de Zacatecas; David Monreal Ávila, al ordenar al Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, dejar de pagar pensiones y jubilaciones, no autorizar pensiones a derechohabientes que cumplieron los requisitos para acceder a ese derecho, omitir el pago de aguinaldos, omitir el pago de devolución de cuotas, recalcular las pensiones; previamente otorgadas, con el objeto de disminuirlas, es decir; menoscabar los derechos pensionarios establecidos en la Ley.  Lo anterior, bajo el argumento de existir una crisis financiera en el Instituto Pensionario, afirmación que no ha sido probada hasta este momento, por el contrario, existen pruebas suficientes que cuentan con los recursos suficientes, según información pública obtenida de los mecanismos de trasparencia y rendición de cuentas. 

En respuesta a ello, se emprendió una batalla legal nunca antes vista en Zacatecas, la defensa del sector magisterial que dieron años de su vida a la enseñanza, maestras y maestros jubilados.  Miles de demandas presentadas ante el Poder Judicial Federal, y cientos de denuncias penales presentadas ante la Fiscalía del Estado de Zacatecas. Finalmente, se han obtenido resultados tangibles. Diversos Jueces Federales han emitido sentencias otorgando el amparo y protección de la justicia al sector magisterial. Los razonamientos emitidos por los jueces, fueron en el sentido de considerar que existieron evidentes violaciones a los derechos humanos en perjuicio de este sector tan importante para nuestra sociedad y para el Estado. El hecho de no haber agotado; el Gobierno del Estado por conducto del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, el Juicio de Lesividad, o en su caso, un procedimiento en forma de juicio donde se otorguen las garantías de audiencia, de certeza jurídica, de legalidad y de debido proceso, generó una afectación económica, de salud, y de libre desarrollo. De las sentencias emitidas por los Jueces, no únicamente se ha ordenado a la Junta Directiva del Instituto a reconocer los derechos vulnerados, sino a efectuar los pagos correspondientes, y también se ordenó directamente al Gobernador David Monreal, a realizar el requerimiento de pago al Instituto, bajo la pena que, de no hacerlo, y comprobarlo ante el Juzgador, se le consideraría como autoridad responsable, al ser el Titular de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, como Jefe del Ejecutivo Estatal. 

Por otro lado, es lamentable, que distintas autoridades competentes no hayan ejercido sus facultades y atribuciones en defensa de este sector considerado vulnerable por la Ley General de Adultos Mayores, ante evidentes medios de prueba. La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Zacatecas, quien investiga las conductas delictivas de los servidores públicos, no ha efectuado ninguna acción, literal, en favor de los maestros jubilados, mucho menos judicializado los cientos de carpetas de investigación. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, emitió una recomendación, después de 6 meses de presentadas las quejas, y únicamente señaló como responsable al Director del Instituto pensionario, manifestando que no existían pruebas suficientes vinculantes contra el Gobernador del Estado de Zacatecas. 

En consecuencia, hasta este momento, se han efectuado, afortunadamente ya diversos pagos, derivado de sentencias firmes emitidas por Jueces de Distrito, toda vez, que el Instituto Pensionario ha venido agotando todos los medios de defensa a su alcance, aún y cuando la razón legal no le asista. Sin embargo, la sociedad zacatecana confía en el Estado de Derecho, en las Instituciones, en la legalidad y en la vida democrática. Las maestras y los maestros jubilados, por ley, son considerados un sector vulnerable y su protección es de interés público, por esa razón, todos debemos proteger los intereses de quienes han forjado y forman a los ciudadanos del futuro de México, como principio democrático.