Federalización de los servicios de salud

El 3 de septiembre de 2021 el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador anuncia que se pretenden federalizar los servicios de salud pública, centrándose en el modelo IMSS-Bienestar, cuyo objeto es federalizar los servicios de salud pública a través de la estructura hospitalaria pública otorgando servicios médicos a las personas que no cuenten con este servicio, es decir a las personas que no se encuentran como afiliados o derechohabientes en las diferentes estructuras hospitalarias públicas como lo son Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría de la Defensa (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), las instituciones y programas que atienden a la población sin seguridad social Secretaría de Salud (ISESALUD), Servicios Estatales de Salud (en el Estado Baja California ISSSTECALI), el mencionado plan de federalización del sector salud se pretende este concretizado a más tardar para el año 2024.

A principios de febrero del presente año, el Estado de Tlaxcala anuncia haber signado convenio con el  ejecutivo federal para iniciar con el proceso de federalización de los servicios de salud pública, argumentando que el fin es garantizar el derecho a la salud en nuestro país, en conferencia de prensa se hace una exposición sobre la estructura hospitalaria del estado de Tlaxcala, sin embargo no se detallan los pormenores del convenio y de la infraestructura que será utilizada en la red hospitalaria entre la entidad y la federación.

La Constitución señala que el Gobierno debe garantizar el derecho a la salud, por lo que es necesario que se exploren por parte del ejecutivo federal las posibilidades de garantizarlo, en ese orden de ideas tampoco es mala idea intentar proteger a quien este desprovisto de los medios para contar con un servicio de salud completo, pero es necesario un estudio exhaustivo realizado por especialistas en los distintos rubros a efecto de estar en aptitud de poder hacer frente a cualquier contingencia que se pueda suscitar respecto de la infraestructura hospitalaria pública.

Entre la infraestructura hospitalaria pública del Estado de Baja California, se encuentra las clínicas y hospitales propiedad del ISSSTECALI, las cuales se han ido construyendo a lo largo de los años en base de aportaciones patronales y gubernamentales, pero en gran parte con apoyo de las cuotas y aportaciones contribuidas por parte de la burocracia y el magisterio estatal, tanto de personal activo, como de pensionados y jubilados.  

El articulo 123 de la nueva Ley de ISSSTECALI (2015), establece que ¨los trabajadores contribuyentes no adquieren derecho alguno ni individual ni colectivo al patrimonio del Instituto, sino sólo a disfrutar de los servicios que ésta Ley concede¨. 

Por otra parte, el día el 25 de febrero del 2022, se publico en el Periódico Oficial de Baja California, reforma al articulo 7 de la Ley de Salud Pública, que establece ¨¨que se proporcionara servicios de salud a toda la población en el Estado, hasta el máximo de sus recursos que disponga¨. En ese sentido, el Ejecutivo del Estado para cumplir con sus compromisos de otorgar servicios de salud a toda la población ¿Puede disponer de las instalaciones, infraestructura y recursos de ISSSTECALI?

No pasa desapercibido, que el objetivo de federalizar los servicios de salud pública, hasta hoy se ha informado que es para que las personas que no tienen acceso a los mismos, puedan contar con ellos, se presume que son personas que no pueden aportar y que no han aportado a los sistemas de salud pública. Evidentemente la medida de proteger a toda la población no es mala, al contrario, es acorde al derecho humano a recibir salud integral que tiene toda persona.

Si bien es cierto hasta este momento la federalización de la salud pública no obliga el día de hoy al maestro, burócrata o pensionado del estado, a pertenecer a un sistema de salud diverso, es decir, no pasarían a pertenecer al modelo IMSS-Bienestar, lo cierto también es que si se anticipan otras afectaciones, como son: el ya conocido el desabasto en medicamentos, tratamientos, laboratorios, prótesis, operaciones, consultas, especialistas, e insumos médicos, la falta de personal profesional de la salud (médicos, enfermeros, etc…), ante la saturación de nuevos beneficiarios, el actual derechohabiente de ISSSTECALI, evidentemente se vería afectado en su atención y calidad en los servicios médicos.

No pasa desapercibido que la medida de la federalización, también impactara en las relaciones y condiciones laborales del personal de salud, un tema que merece un análisis de mayor profundidad, ya que estarán en juego derechos salariales, de igualdad, nivelación, cargas de trabajo, riesgos, pensiones, jubilaciones, entre otras posibles afectaciones.

Garantizar el derecho a la salud es obligación de la federación y de las entidades federativas de la república, pero no significa que se deban mermar las instituciones que ya existen para esos fines, por lo que se insiste en la importancia de tener una correcta socialización, inclusión en la toma de decisiones y sobre todo en una correcta planeación para hacer frente a la problemática de manera sostenible, es muy buena la intención de proteger a los que no pueden hacerlo por sus propios medios, pero ¿a qué costo?

Este no es un tema que solo atañe a los maestros, burócratas y pensionados afiliados a ISSSTECALI, si no a todas las personas que son derechohabientes de los diversos sistemas de salud pública como IMSS, ISSSTE, etc., lo que significa que gran parte de la población del país debe estar, si no preocupada, al menos enterada de la situación y realidad de los servicios médicos que se viven en México.